APROBADO EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA
- El nuevo texto legal define la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública.
- Las empresas de seguridad privada podrán realizar nuevos servicios a los que hasta ahora no podían acceder salvo encargos de investigación privada.
- Han realizado observaciones 44 entidades representativa del sector de la seguridad privada, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como la FEMP y la Generalitat de Cataluña.
El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a
las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que
impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad
pública y privada, y abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios
demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior
normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo, lo que
conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que
infrinjan la nueva regulación.
La seguridad privada en España ha experimentado
un extraordinario desarrollo en los últimos años. Este sector está
compuesto por 1.490 empresas, con una plantilla de 85.000 personas y una
facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos
disponibles correspondientes a 2012.
España es uno de los Estados miembros de la Unión
Europea con más policías por habitante (516 agentes por cada 100.000
habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). Mientras, el
número de los vigilantes privados se sitúa en 195 por cada 100.000
habitantes, 76 menos que la media de la Unión Europea.
En su momento, la actual normativa de Seguridad
Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de
nuestro entorno. No obstante, veinte años después de su aplicación ha
quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto
sus insuficiencias y lagunas.
Aportaciones de diferentes sectores
Una vez presentado al Consejo de Ministros el
pasado 12 de abril, el Ministerio del Interior entregó el Anteproyecto
de Ley de Seguridad Privada a las entidades representativas del sector
de la seguridad privada en España. En estos dos meses se han recibido 44
observaciones de varias entidades del sector, detectives privados,
sindicatos, gremio de joyeros, así como la Federación Española de
Municipios y Provincias, y la Generalitat de Cataluña. Además, se ha
contado con los informes de la Agencia Española de Protección de Datos,
la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Principales novedades
Así, a partir de ahora, la nueva Ley de Seguridad
Privada recoge el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional
de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación incluya datos de
carácter personal.
Se refuerza, además, el deber de reserva
profesional de los detectives, que sólo podrán informar de sus
investigaciones a sus clientes o a los órganos judiciales y policiales
en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a las competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas con atribuciones en esta materia, el nuevo texto
clarifica la distribución de estas competencias, a la luz de las
modificaciones de los Estatutos de Autonomía en los últimos años.
En el caso concreto de la Generalitat de
Cataluña, se han mantenido contactos de carácter técnico en los que se
ha alcanzado un importante grado de consenso, salvo en lo que se refiere
a la inscripción de la apertura de los despachos de detectives cuya
competencia, en todo caso, reside en el Estado.
Otra de las novedades que recoge el nuevo
Proyecto de Ley es la liberalización de la consultoría de seguridad. Es
decir, si antes era necesaria la elaboración de análisis de riesgos,
informes, planes y auditorías de sistemas de seguridad, todas ellas,
actividades de seguridad privada que requerían autorización, a partir de
ahora se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el
ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables, sin
perjuicio de la facultad de comprobación administrativa..
Finalmente, los servicios que no podrán realizar
las empresas de seguridad privada son los de investigación privada,
reservados a las agencias de detectives.
